Pruebas patéticas: el Patogate
Los magistrados del TEPJF dijeron también que en su análisis encontraron algunos errores atribuibles a los funcionarios de casillas, pero todos considerados eso: errores, que además en nada afectan a los resultados finales. Su resolución, si se tiene ánimo imparcial, es otro golpe a la afirmación del fraude electoral o, de otra manera, una muestra más del fraude que es el fraude electoral.
Por más que se quiera, nos guste o no, no puede ser de otra manera. El domingo primero de julio no hubo fraude electoral en las casillas que recogieron los sufragios de 50.3 millones de mexicanos. Lo saben todos los que fueron candidatos a los dos mil 127 cargos de elección popular y lo saben todos los dirigentes de todos los partidos políticos.
En todo caso, de haber existido ese fraude, los responsables fueron poco más de un millón 200 mil ciudadanos que, surgidos de dos sorteos de entre los inscritos en la lista nominal del padrón electoral, fueron designados como funcionarios de casillas; otra cifra igual de representantes de todos los partidos que participaron en la contienda y unos 30 mil observadores electorales nacionales y extranjeros, sin contar, claro, los cinco millones de ciudadanos que Andrés Manuel López Obrador y los partidos que los apoyaron, convencieron para cuidar las casillas y promover su voto, según las propias declaraciones públicas del mismo candidato.
Los dirigentes de todos los partidos, todos sus ex candidatos y también muchos de sus militantes, lo saben bien. Por eso, en el caso de López Obrador y los partidos que lo apoyaron, enfocan sus denuncias a las presuntas compra y coacción del voto, con base en la presumible violación a los topes de campaña legalmente establecidos, aunque hay que decir que de esto último se han acusado entre sí todos los partidos.
Pero resulta que sólo la coacción del voto (en los hechos imposible de probar jurídicamente, al igual que la compra del voto, como lo ha mostrado magistral y sencillamente en esta mismas páginas nuestro colaborador José Elías Romero Apis) es delito que podría tomarse en cuenta para una hipotética anulación de las elecciones. El rebasar los topes de gastos de campaña se resuelve legalmente con el pago de una multa. De ellos son responsables los legisladores (de todos los partidos políticos, incluidos los que apoyaron la candidatura de López Obrador) que aprobaron la reforma electoral de 2007 y que expresamente se opusieron a que el superar los gastos legales en las campañas sea causal de anulación de las elecciones. A ellos hay que exigirles cuentas.
Eso también lo saben todos los involucrados. Por ello los quejosos recurren a espectáculos mediáticos (tan repudiados y denunciados cuando creen que les afectan) para tratar de convencer de que son las víctimas y así se llega al ridículo de mostrar, con fe pública de notario incluida, a un borrego, dos guajolotes, dos patos, una gallina y un cerdo, provenientes de diversos estados de la República… como pruebas de la moneda de cambio para la compra de votos. Aceptemos que esos animalitos fueron entregados a cambio de votos, ¿tiene derecho a exhibirlos quien llamó públicamente a los votantes a recibir lo que les ofrecieron por su voto, siempre y cuando mantuvieran su voto? Si quienes recibieron los patitos, el borrego, el marranito, la gallina y los guajolotes no cambiaron su voto (siguiendo el consejo de su candidato), ¿dónde está el delito? Si cambiaron el voto a cambio de ese regalo, pues resulta que podrían ser considerados traidores o, al menos, corruptos tanto como el que se los ofreció… y moralmente quien los aconsejó.
Mientras, los dirigentes del PRD, algunos de sus gobernadores en funciones, los que ganaron las elecciones y sus próximos diputados y senadores (electos en los mismos comicios que impugnan) realizaron una reunión cumbre en Acapulco para expresar que no se quieren quedar fuera de la agenda nacional en los próximos seis años (como ocurrió de 2006 a 2012), pero que no acatarán, sino valorarán, la decisión del TEPJF sobre la validez y legitimidad de la elección presidencial. En otras palabras: Si el TEPJF anula las elecciones es porque sus integrantes aplicaron la ley de manera justa y proba; si no, es porque son unos corruptos que no hicieron valer la ley. Es decir, aplíquese la ley en los bueyes —bueno, en este caso, patos, borrego, gallina y cerdito— de mi compadre.
EXCELSIOR Por: Vianey Esquinca 19/08/12
De acuerdo con la Coalición Movimiento Progresista, esas criaturas representan la más sucia y ruin estrategia de compra de voto que realizó el PRI en las elecciones del 1 de julio y sólo hace falta verles la cara a estos delincuentes para darse cuenta de su peligrosidad.
Además, se tiene la sospecha de que estos animales no actuaron solos, por lo que la PGR ha emitido una alerta nacional e internacional y ha ofrecido una recompensa para aquellos que informen del paradero de otros criminales como son El Conejo, El Caballo y La Vaca, de quienes no se sabe su paradero, por lo que están en calidad de prófugos de la justicia electoral.
Sin embargo, diversos organismos han señalado que la investigación ha transcurrido con serias irregularidades. La Comisión Nacional de Derechos Animales levantó una denuncia de que presumiblemente los animales fueron torturados por judiciales para hacerlos declarar, pues aseguran que no se creyeron que sólo sabían graznar, cacarear o berrear. “Se violó su derecho constitucional al negarles un traductor”, señala la Comisión en un comunicado que emitió con motivo de la detención.
Ante la presión y la tortura, las primeras que confesaron fueron las gallinas, quienes aceptaron ser mapaches electorales. Sin embargo, posteriormente cambiaron su versión y ante los magistrados declararon que habían declarado bajo coacción porque las amagaron llevándolas a rendir su declaración ministerial a un restaurante de pollos rostizados.
Esta versión fue corroborada por uno de los animales detenidos, que pidió su anonimato por temor a las represalias, quien aseguró a esta columna que en el interrogatorio fueron amenazados con convertirlos en carnitas, barbacoa o asado si no cooperaban.
Entrevistado al respecto, uno de los judiciales reconoció: “Tuvimos que recurrir a la fuerza porque se querían pasar de listos. Por ejemplo, cuando entrevistamos al pato, éste sólo nos decía ‘cuak’ ‘¿Cómo que cuál? No te hagas pato y dinos todo sobre el fraude’. Lo mismo pasó con el cerdo: a la hora de las preguntas comenzó a decir ‘hoink, hoink, hoink’… supimos de inmediato que se trataba del famoso ‘hoy, hoy, hoy’ de Vicente Fox, lo que deja en claro que este marrano jugaba para ambos bandos y el borrego, ni se diga, nos quería confundir y decía ‘beeee, beeee’, pero el muy cabrón no nos decía a dónde. Resultaron ser muy mañosos”.
Todo indica que esa no fue la única acción coercitiva que vivieron estos animales. Los magistrados les ofrecieron impunidad si se acogían al programa de animales protegidos. Inmediatamente, haciéndole honor a su nombre, el chivo fue el primero que dio su declaración a cambio de que lo mandaran a vivir a una granja en Estados Unidos con una nueva identidad, que podría ser la de un gallo.
El escándalo levantó ámpulas en diversos grupos. La Sociedad Protectora de Animales emitió un comunicado de prensa contra la Coalición Movimiento Progresista que dice: “Expusieron a unos animales a la opinión pública y los trataron como delincuentes antes de que fueran juzgados. Debieron haber puesto algún efecto borroso para tapar sus rostros y esconder su identidad hasta que las autoridades determinaran su situación legal. Ahora esos pobres animales estarán estigmatizados en todas las granjas y ranchos a los que asistan. Exigimos respeto a los animales”.
La opinión pública está esperando saber cuál será la condena de los criminales electorales, mientras tanto, El Perro Bermúdez, El Caballo Rojas y El Perro Aguayo ya pusieron su barba a remojar, solicitando un amparo o pidiendo asilo político en Ecuador.
