Una vez más Amnistia Internacional reclama al país por las frecuentes violaciones a los derechos humanos, y es que no es para menos, pues en últimas fechas los casos de activistas y defensores de estos principios fundamentales a los que se les agrede, violenta o coarta su libertad han ido en aumento y no sólo por parte de grupos criminales, sino también por parte del propio Gobierno y la “justicia” mexicana.

En esta ocasión en una carta dirigida al Secretario de Gobernación, Alejandro Poiré Romero, en respuesta a su declaración sobre el compromiso del Gobierno por los derechos humanos y por la protección de quienes los defienden, le manifiestan en consecuencia su preocupación por la situación de los defensores de los derechos humanos en México y para que de manera urgente se implemente un “mecanismo de protección eficaz para ellos”.

“Proteger la vida, la integridad y todos los derechos humanos de todas las personas en el territorio nacional es una obligación del Estado Mexicano establecida en la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos de los cuales México es parte. Esto incluye la obligación de proteger a través de medidas específicas la vida, la integridad y la libertad de quienes defienden los derechos humanos.”

Mediante la carta se mencionan algunos de los diferentes casos de defensores de derechos humanos que se han suscitado recientemente como es el de la fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Esther Andrade, quien ha sufrido dos atentados contra su vida en los últimos dos meses. El último en este mismo mes de febrero cuando supuestamente se encontraba bajo la protección de las autoridades.

Se menciona también a los ambientalistas y simpatizantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, Eva Alarcón y Marcial Bautista, quienes permanecen como desaparecidos desde el 7 de diciembre de 2011. Líderes indígenas como Maximino García Catarino, José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz, actualmente encarcelados por diferentes cargos pero casos en los cuales Amnistía Internacional observa “una coincidencia con el patrón de procesos fabricados y cargos criminales falsos, ausencia del principio de presunción de inocencia y de irregularidades procesales que hemos documentado anteriormente en varios otros casos de abusos contra defensoras y defensores de derechos humanos en México”.

Yo pensaría que no es necesario pero por si acaso, habría que decirle al Secretario de Gobernación y a todos los niveles de Gobierno que lo que exigimos, no sólo Amnistía Internacional, sino todos los ciudadanos de este país, es que pasaran más allá de los discursos, buenas intenciones y reglamentaciones a la implementación y práctica de la verdadera defensa de los derechos humanos y la protección de sus defensores. Sólo de esa forma nos quedaría claro que es “una prioridad” para el gobierno federal, y dejaría de sonar a frase vacía.

Foto: Grupo Cinco Amnistía Internacional México

Fuente: Vivir México

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