Los propietarios acusan al GDF de actuar ilegalmente. Foto: Flor Canseco
Propietarios de inmuebles que expropió el Gobierno del Distrito Federal el pasado 26 de septiembre, en avenida Tláhuac, pueblo de Culhuacán, delegación Iztapalapa, para construir un cementerio, iniciaron una denuncia penal contra el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, por el delito de abuso de autoridad.
Solicitarán juicio político, “para separarlo de su cargo y sea juzgado penalmente por la PGR”, ante la ilegalidad y arbitrariedad que cometió al expropiar los inmuebles marcados con los números 3448 y 3422 de dicha vialidad.
Lo anterior lo informó el abogado Arturo Saldaña, quien solicitó “el amparo y protección de la justicia federal”, para pedir la garantía de audiencia y revocar el acto expropiatorio en favor de Gabriel Saldaña, dueño del predio ubicado en avenida Tláhuac, número 3422, a quien “sin previo aviso se le despojó de su propiedad el pasado 26 de septiembre, lo que representó un acto inconstitucional”.
El juicio de amparo con número de expediente 1868/2008, del cual MILENIO posee copia, establece que el acto expropiatorio y la toma del inmueble fue ilegal, arbitrario y con abuso de autoridad.
Lo anterior, dijo, Arturo Saldaña, fue ilegal debido a que se actuó con la fuerza pública, cuando no era necesaria y porque el gobierno de la ciudad tomó posesión inmediata del inmueble sin notificar o “en su defecto esperar que se publicará el segundo aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México”.
El 26 y 29 de septiembre se públicó en la gaceta “el decreto por el que se expropian en favor del Distrito Federal los predios ubicados en avenida Tláhuac números 3422 y 3448, pueblo de Culhuacán, delegación Iztapalapa, con superficie aproximada de 16 mil 963 metros cuadrados, para la ejecución de acciones de mejoramiento urbano y obras de infraestructura, equipamiento y servicios públicos consistentes en la construcción e instalación de un cementerio que satisfaga las necesidades de los habitantes de Culhuacán y la ciudadanía en general”.
El abogado mencionó que las expropiaciones tienen el efecto de utilidad pública, de satisfacer una necesidad, “en este caso, a un lado del inmueble expropiado hay un panteón y si ya hay qué quieren satisfacer, el decreto no habla de ninguna ampliación, tampoco establece la necesidad de adecuar el panteón vecinal”.
Lo cual se justifica en el juicio de amparo: “El decreto de expropiación reconoce que en el pueblo de Culhuacán ya existe otro cementerio, con lo cual se reitera la expropiación de que se trata no puede ser sustentada en una supuesta utilidad pública”.
Precisó que el crear o ampliar el panteón “no es una necesidad imperante” debido a que se tiene la posibilidad de reutilizar las fosas en un periodo de siete a 21 años.
El reglamento de cementerios en el Distrito Federal, precisó Saldaña, establece la temporalidad mínima que confiere el derecho de uso sobre una fosa durante siete años, al cumplirse el plazo volverá al dominio del gobierno.
El representante legal agregó que la expropiación se efectuó sin que
se haya cumplido ningún requisito legal, “no se hicieron los estudios técnicos necesarios como de impacto urbano y ambiental para poder mencionar que el inmueble es idóneo para la construcción de un cementerio”.
En tanto, la inmobiliaria Coben SA de CV, a través de su representante legal, Roberto Gómez, también inició un juicio de amparo con número 1811/2008, cuyo expediente también tiene copia MILENIO, considera arbitraria, ilegal y con abuso de autoridad la expropiación del inmueble ubicado en Avenida Tláhuac con el número 3448, por lo que solicitan la revocación del decreto.
Flor Canseco
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