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2016, el más violento para la prensa

“El estado ha fallado en proteger, garantizar y sancionar, las autoridades de los tres niveles de gobierno han optado por la restricción de derechos para justificar su falta de respuestas”, reclamó Ana Cristina Ruelas, directora de la oficina en México de Artículo 19, en la presentación del informe Libertades en Resistencia.

Según el organismo, durante el año pasado se registraron 11 homicidios y 426 actos de violencia contra periodistas y medios, mientras se registró una exclusión de grupos marginados para acceder a información plural y objetiva.

De acuerdo con Artículo 19, hubo montos millonarios ejercidos de manera arbitraria y opaca en publicidad oficial, las leyes y mecanismos de protección cuestionan la calidad de los periodistas en vez de protegerlos, hay más restricciones al conocimiento de la historia desde archivos oficiales sobre los hechos más atroces del pasado reciente de México, y se documentó una vigilancia dirigida a activistas y periodistas que escrutan a los poderes del Estado.

Además, resaltó el uso excesivo de la fuerza en el marco de las protestas sociales y la impunidad que impera en 99.75 por ciento de los casos de agresiones contra la libertad de expresión.

En 2016, de las 426 agresiones a la prensa en México, 274 fueron en contra de varones, 97 en contra de mujeres y 55 en contra de medios.

“Los funcionarios públicos son la mayor amenaza a la libertad de expresión en México”, subrayó Ruelas al destacar que en 226 de los ataques, el perpetrador fue un funcionario público, en 69 fue un particular, en 31 agresiones fue un partido político, en 17 casos el crimen organizado y en 83 ataques a la prensa no hay elementos suficientes para conocer quién está detrás del ataque.

México es el país más peligroso para el ejercicio periodístico como se prueba con las cifras de casos y la Impunidad, dijo Catalina Botero, defensora humanitaria y ex relatora para libertad de expresión del sistema interamericano. “Los desafíos para la libertad de expresión son los desafíos para la democracia en México”, resaltó la experta.

“Sin libertad de expresión es imposible que se consolide una sociedad democrática. La transición mexicana está inconclusa, ha sido incompleta y ha retrocedido en muchos aspectos. Hay zonas en México que viven cómo vive la gente en dictaduras”, recriminó Botero.

“Uno de los problemas que uno tiene cuando está en resistencia es que pide demasiado, pero las recomendaciones de este informe se limitan a pedirle al Estado ‘sea transparente’, ¿dónde está lo subversivo?, al reclamarle a un Estado que se siente orgulloso de tener la primera ley de transparencia; el Estado creo una fiscalía especial para periodistas y lo único que se les pide es que hagan su bendito trabajo, solo se le está pidiendo que cumpla con la ley”, enfatizó Botero.

La Impunidad hacia la violencia contra la prensa hizo de 2016 un año de cifras inéditas, agregó Ruelas al llamar al gremio a “resistir al conjunto de violencias que se articulan estratégicamente entre diversos niveles de gobierno, autoridades y grupos de crimen organizado para que cada vez sea más complicado hacerse de información y ejercer la libertad de expresión”.

Esta violencia se han ido recrudeciendo y se vuelve má cínica, menos inhibida, dijo. En 91 casos, el agresor fue estatal, en 79 de las agresiones fueron municipales y en 56 ataques el perpetrador fue federal.

Al menos, 81 ataques a los periodistas fueron agresiones físicas, 79 intimidaciones, 76 amenazas, 58 privaciones ilegales de la libertad, 27 ataques a medios, 11 asesinatos y dos desplazamientos forzados.

La Ciudad de México encabeza el número de ataques con 71 casos, seguida por Oaxaca con 60 ataques, Veracruz con 58, y Guerrero y Puebla con 28 cada una de ambas entidades; Chihuahua registró 19 casos.

Botero destacó que en México se impone la dinero, a través de la publicidad oficial, o la bala, por vía de la violencia, para controlar el ejercicio libre de la información.

“El gasto en publicidad oficial se sigue acumulando y hasta diciembre de 2016, el gobierno federal reportó un ejercicio preliminar de más de 9 mil 26 millones de pesos y un gasto acumulado de 34 mil 109 millones de pesosd en los cuatro años del actual gobierno”, detalla Artículo 19.

“El gasto a nivel local también se ejerce en la opacidad, de forma indiscriminada y arbitraria. Si bien es cierto que la Ley General de Transparencia obliga a publicar los montos asignados y la utilidad de éstos, aún falta un largo camino por recorrer para reconocer el destino y la utilidad del gasto, pues son pocas las entidades que hoy por hoy justifican ejercicios millonarios con campañas que impactan en el ejercicio de derechos u obligaciones de las y los ciudadanos, detalla el informe.

Artículo 19 solo pudo acceder a los montos ejercidos en publicidad oficial en 24 entidades, porque Chiapas, Durango, Guerrero, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz no dieron cuenta sobre los montos erogados. No obstante, la suma del gasto conocido asciende a 2 mil 827 millones de pesos.

De hecho Catalina Botero, que dio puntual seguimiento al caso de la periodista Regina Martínez, subrayó que el prófugo Javier Duarte posiblemente “sea uno de los gobernadores más corruptos que haya tenido este país”; lo cierto es que Duarte “tiene el peor récord en materia de libertad de expresión y promoción de libertades democráticas”.

Pulso Político On Line/ Notimex / Foto: Internet

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