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Por un Senado que cumpla cabalmente con sus deberes ante el estado mexicano

SEN-IRedacción Visto Bueno

El senado de la República, además de sus facultades tradicionales en el proceso de formación de leyes, de fiscalización de los recursos públicos y de acompañamiento de las relaciones exteriores, ha sumado a sus responsabilidades, un papel protagónico en la conformación de diversos órganos del Estado Mexicano.

En el paso de los años, un conjunto de reformas constitucionales y legales, le facultaron para intervenir en la designación de magistrados, de integrantes de entes reguladores, y en el nombramiento de consejeros de órganos autónomos del Estado Mexicano.

El Senado de la República enfrenta en esa tesitura para fechas próximas el gran reto de designar a más de 45 servidores públicos que encabezarán organismos que son pilares de nuestra democracia y de nuestra economía, en especial y en el muy corto plazo en algunos cargos derivados de las reformas legales en materia de combate a la corrupción, de la transparencia, de la procuración y de la administración de Justicia, que son prioritarias para el desarrollo de México.

Uno de los nombramientos que más interesa a la sociedad es el del titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción. Si bien no existe una fecha límite para tal designación, ésta debe coincidir con la entrada en vigor del Sistema Nacional Anticorrupción, lo cual sucederá el 9 de abril de 2017.

Adicionalmente, y antes del 19 de julio deben de ser nombrados 26 integrantes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es fundamental que el proceso de selección de los magistrados de las salas especializadas en materia de corrupción de ese Tribunal, y que serán pieza clave para que los actos de corrupción sean juzgados y sancionados, se realice de forma transparente y ejemplar.

La cámara alta también debe nombrar a los magistrados del tribunal superior agrario y del tribunal unitario agrario.

Como elemento clave para el buen funcionamiento de la Fiscalía Anticorrupción, el Senado tiene también pendiente definir su postura en torno de la reforma al Artículo 102 de la Constitución y transitorios que otorgaron autonomía a la Fiscalía General de la Nación.

Por esa razón y dada la importancia de esa determinación es que la semana pasada, junto con otras organizaciones sociales, representantes de COPARMEX participamos en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la Ciudad de Washington DC, para solicitarle que brinde a México el acompañamiento técnico al proceso de discusión sobre la Fiscalía General de la República, con rumbo a 2018.

La transición de la Procuraduría General de la República se debe fundamentar en criterios técnicos, no políticos, a fin de lograr una futura Fiscalía General con capacidad técnica, operativa y de gestión, independiente para investigar y apta para funcionar de acuerdo al nuevo Sistema de Justicia Penal, entre todos los actores que intervienen en la procuración de justicia, incluyendo la sociedad civil. Por supuesto, consideramos que la Fiscalía General deberá de mantener su autonomía.

Ahora bien, no solamente en el ámbito de la procuración y la administración de justicia, el senado debe realizar nombramientos trascendentales.

La Cámara alta también debe efectuar designaciones de los Comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Comisión Federal de Competencia Económica y de la misma forma de un consejero independiente para las empresas productivas del Estado como lo son PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad, Además, este mismo año deben ser designados un nuevo vicepresidente del INEGI y el gobernador del Banco de México.

Hay que decirlo, el incumplimiento por el senado de los plazos establecidos para designar a los funcionarios constituye una amenaza para la vida institucional de dichas organizaciones y afecta la toma de decisiones de órganos colegiados, al tiempo que genera incertidumbre para los ciudadanos.

Es verdad que el Ejecutivo ha retrasado en algunos casos el proceso al no designar a un candidato y remitirlo oportunamente al Congreso, pese a que hay mecanismos de evaluación previos que garantizan la idoneidad del postulado.

En el diseño de las Leyes de la materia se establecieron plazos y procesos para que el Congreso ratificara o no los nombramientos de los funcionarios de esas instituciones, que poseen altas responsabilidades para el desarrollo del país.

Los empresarios de Coparmex exigimos a los legisladores en lo general, y a los senadores en particular que antepongan su responsabilidad como representantes ciudadanos a sus intereses partidistas o personales. Es necesario que todos los nombramientos se realicen en tiempo y forma, según lo establece la ley de cada materia; pero sobretodo que se privilegie siempre la capacidad y la trayectoria de los aspirantes.

Coparmex continuará promoviendo el acompañamiento por instituciones nacionales e internacionales, en cada uno de los nombramientos ya mencionados. Es tarea ciudadana exigir que los legisladores asuman a plenitud su papel de contrapeso constitucional y democrático frente a los poderes Ejecutivo y Judicial. (Autor: Ing. Sergio E. Baños Rubio, Presidente de Coparmex Hidalgo)

Fuente: El Visto Bueno

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